ONU denuncia la tortura de cientos de detenidos a manos del Servicio de Seguridad de Ucrania

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano) lleva a cabo detenciones en masa de presuntos opositores al régimen de Kiev a los que tortura, informa 'The Times', que cita al asistente del secretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic. Según el funcionario del organismo "la falta de respeto hacia los derechos humanos" se ha convertido en un fenómeno ordinario en algunas áreas de Kiev.

El informe de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ucrania, cuya presentación fue previamente anunciada para este 3 de junio, indica que se han registrado cientos de casos de detenciones ilegales y de malos tratos sufridos por opositores al régimen.

Además, el informe revela por primera vez el alcance y la brutalidad del uso de tortura que, como informa la fuente, es apoyado por el Gobierno ucraniano. Asimismo, el documento también señala que las autoridades de Ucrania han creado cinco prisiones secretas para los detenidos.

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) anunció la semana pasada que suspendía su visita a Ucrania después de que el Gobierno le negara el acceso a varios lugares. Los representantes de este organismo presuponen que allí puede haber personas detenidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales de forma ilegal. Por tanto, la delegación decidió suspender su visita, que empezó el pasado 19 de mayo y que debía concluir el 26 de mayo, ante la imposibilidad de cumplir con el programa de la visita de forma completa.

Desde el inicio del conflicto en el sureste de Ucrania se han registrado 9.300 muertes entre civiles y militares, y más de 21.500 personas han resultado heridas, según quedó evidenciad en el más reciente informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades en el país, publicado este viernes en Ginebra.

La protestas masivas contra el gobierno comenzaron en las regiones del sudeste de Ucrania a finales de febrero de 2014, como respuesta de los residentes locales al cambio forzado del poder en el país y el posterior intento la Rada Suprema de cancelar de la ley que concede a la lengua rusa el estado de idioma regional.